Responsabilidad penal de la empresa

La responsabilidad penal de la empresa, en términos jurídicos correctos, se denomina responsabilidad penal de las personas jurídicas. En España, una sociedad puede responder penalmente cuando se comete un delito en su nombre o por su cuenta, en su beneficio directo o indirecto, y concurren los presupuestos que exige el Código Penal, especialmente el artículo 31 bis.

No se trata de que la empresa responda por cualquier irregularidad. Habrá que valorar quién cometió el hecho, qué vínculo tenía con la entidad, si existió beneficio para la persona jurídica y si hubo fallos relevantes de organización, supervisión o control. Todo ello es compatible con la responsabilidad penal de la persona física que haya intervenido en el delito.

Qué es la responsabilidad penal de la empresa y cuándo puede surgir

La responsabilidad penal de la persona jurídica permite atribuir consecuencias penales a una sociedad mercantil u otra entidad con personalidad jurídica en determinados supuestos previstos por la ley. El núcleo del sistema está en el artículo 31 bis del Código Penal, que vincula esa posible responsabilidad a delitos cometidos por representantes legales, administradores o personas sometidas a su autoridad, siempre dentro del marco legal aplicable.

Por tanto, la empresa no sustituye a la persona física autora del hecho. Puede haber una doble dimensión: por un lado, la eventual responsabilidad del directivo, empleado o tercero; por otro, la posible responsabilidad de la persona jurídica si se aprecia el beneficio y un déficit de control relevante.

Qué requisitos deben concurrir para atribuir responsabilidad penal a una persona jurídica

De forma resumida, conviene analizar varios elementos. Primero, que el delito sea de los que admiten responsabilidad de la persona jurídica. Segundo, que el hecho se haya cometido en nombre o por cuenta de la entidad y en su beneficio directo o indirecto. Tercero, que exista la conexión subjetiva exigida por la norma: actos de representantes, administradores o subordinados en un contexto de insuficiente supervisión, vigilancia o control.

Los artículos 31 ter, 31 quater y 31 quinquies completan este régimen con reglas sobre la exigibilidad de la responsabilidad, circunstancias que pueden atenuarla y entidades excluidas o sometidas a especialidades legales. Su aplicación concreta dependerá del caso, de la estructura de la empresa y de la documentación disponible.

En la práctica, suele ser clave revisar si los controles internos eran reales, si había protocolos, trazabilidad en decisiones sensibles y un sistema de supervisión proporcionado al tamaño y actividad de la entidad.

Qué delitos pueden comprometer a la empresa en la práctica

No todos los delitos generan automáticamente responsabilidad penal de la empresa. El Código Penal la prevé para determinados tipos delictivos. Como ejemplos habituales en el ámbito empresarial, puede haber riesgo en materias como estafas, insolvencias punibles, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, corrupción en los negocios, delitos contra los derechos de los trabajadores o delitos medioambientales, entre otros supuestos legalmente previstos.

Un ejemplo sencillo: si un directivo manipula procesos de contratación para obtener ventaja competitiva para la sociedad, habrá que valorar no solo su conducta individual, sino también si la empresa obtuvo un beneficio y si existían controles adecuados para prevenir ese riesgo.

Cómo influye el compliance penal en la exención o atenuación de responsabilidad

El compliance penal o modelo de organización y gestión tiene una función preventiva y también relevancia jurídica si se inicia un procedimiento penal. El artículo 31 bis contempla supuestos en los que la adopción y ejecución eficaz de modelos adecuados puede operar como exención, y los artículos 31 quater permiten valorar circunstancias de atenuación.

Ahora bien, no basta con tener un documento formal. Habrá que acreditar que el programa de cumplimiento era idóneo, que identificaba riesgos, que incluía protocolos, gestión de recursos financieros, canal interno, sistema disciplinario y un órgano de supervisión o funciones de control ajustadas a la realidad de la empresa. Un modelo meramente decorativo puede resultar insuficiente.

Para pymes y sociedades familiares, la proporcionalidad importa: el sistema debe ser realista, pero también verificable y documentado.

Qué penas pueden imponerse a una empresa

El catálogo general de penas a la empresa aparece en el artículo 33.7 del Código Penal. Entre las más relevantes están la multa, la disolución de la persona jurídica, la suspensión de actividades, la clausura de locales y establecimientos, la prohibición de realizar determinadas actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones o contratar con el sector público y la intervención judicial.

La pena concreta dependerá del delito, de su gravedad, de la dimensión del beneficio obtenido, de la estructura societaria y de la valoración judicial de las circunstancias concurrentes en abogados para empresas.

Qué conviene revisar si existe riesgo penal en la empresa

• Mapa de riesgos penales corporativos por áreas y procesos.
• Protocolos de aprobación, contratación, pagos, regalos, intermediarios y relaciones con terceros.
• Canal interno de información, investigación interna y conservación de evidencias.
• Formación periódica a directivos, mandos y plantilla.
• Controles financieros, segregación de funciones y trazabilidad documental.
• Designación y funcionamiento efectivo del órgano o responsable de supervisión.

Si ya existe una incidencia, conviene actuar con cautela: preservar documentación, limitar decisiones improvisadas y analizar cuanto antes la exposición penal de la persona física y de la persona jurídica.

En definitiva, la responsabilidad penal de la empresa no nace por cualquier incumplimiento, pero sí puede activarse cuando concurren los requisitos legales y fallan los mecanismos de control. Revisar el modelo de prevención, el canal de denuncias y los protocolos internos suele ser un paso razonable para reducir riesgos y mejorar la defensa documental de la entidad.