Compliance penal para pymes

¿Qué es el compliance penal para pymes y por qué importa?

El compliance penal para pymes es el conjunto de medidas de organización, control y supervisión orientadas a prevenir delitos dentro de la empresa. En España, su relevancia jurídica se conecta con la responsabilidad penal de la persona jurídica y con la posibilidad de que, si se investiga un hecho delictivo, se valore si la empresa tenía implantado un modelo de prevención adecuado y eficaz.

Esto no significa que todas las pymes deban contar siempre con el mismo sistema ni que exista una plantilla válida para cualquier negocio. Lo razonable es analizar el tamaño, la actividad, la estructura de decisión y el riesgo penal real de la empresa para diseñar un modelo proporcionado, útil y documentado.

Cómo encaja en el Código Penal la prevención de delitos en una pyme

El punto de partida está en el artículo 31 bis del Código Penal, que regula los supuestos en los que una persona jurídica puede responder penalmente por determinados delitos cometidos en su seno. Ese mismo precepto contempla que los modelos de organización y gestión para prevenir delitos pueden ser relevantes, según el caso, para apreciar la exención o la atenuación de responsabilidad si cumplen los requisitos legales y si existe una implantación real.

Para una pyme, esto obliga a ser prudentes: tener documentos no garantiza por sí solo ningún resultado, pero carecer de controles también puede dificultar acreditar diligencia organizativa. El artículo 31 ter CP aclara cuestiones sobre la exigencia de responsabilidad penal a la persona jurídica, incluso en supuestos en los que la persona física concreta no haya sido individualizada o no haya podido dirigirse el procedimiento contra ella, siempre en los términos del propio precepto.

Además, el artículo 31 quater CP recoge circunstancias atenuantes específicas para la persona jurídica, como colaborar en la investigación, reparar el daño o establecer medidas eficaces para prevenir y descubrir delitos antes del juicio oral. Y el artículo 66 bis CP incide en los criterios para la imposición de determinadas penas a personas jurídicas, lo que refuerza la importancia práctica de una buena gestión del riesgo penal.

Como criterio interpretativo, suele citarse la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, que insiste en la necesidad de valorar la eficacia real del modelo y no solo su existencia formal.

Qué elementos conviene documentar en un programa de compliance penal

Un programa de compliance penal para una pyme debería ser proporcionado, comprensible y aplicable. Aunque su contenido dependerá del sector y del riesgo, conviene documentar al menos los siguientes elementos:

• Un mapa de riesgos penales vinculado a la actividad real de la empresa.
• Protocolos o procedimientos internos para decisiones sensibles, contratación, pagos, facturación, relación con terceros o uso de efectivo.
• Controles financieros adecuados para reducir el riesgo de operaciones irregulares.
• Canales de comunicación o denuncia interna, cuando proceda, sin confundirlos con todo el modelo de prevención.
• Formación básica a administradores, mandos y personal expuesto a riesgos concretos.
• Un sistema disciplinario o de reacción interna ante incumplimientos.
• Supervisión, revisión y actualización periódica del modelo.

En empresas pequeñas, muchas de estas funciones pueden recaer en el órgano de administración o en personas con capacidad de control, siempre que exista una asignación clara de responsabilidades. Si se valora implantar un canal interno de denuncias, puede ser útil tener presente la Ley 2/2023, pero sin perder de vista que el núcleo aquí sigue siendo la prevención penal.

Riesgos habituales que una pyme debería valorar

No todas las pymes afrontan los mismos riesgos. Habrá que valorar el sector, la operativa y el grado de exposición a terceros. Entre los riesgos que suelen analizarse están los relacionados con corrupción en los negocios, estafas, insolvencias punibles, blanqueo en actividades especialmente expuestas, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores o revelación de secretos.

También conviene revisar procesos cotidianos: quién aprueba pagos, cómo se seleccionan proveedores, qué controles existen sobre la facturación, cómo se documentan descuentos o comisiones y qué trazabilidad tienen las decisiones relevantes. El riesgo penal muchas veces no aparece en grandes operaciones, sino en rutinas mal controladas como las que pueden derivar en una inspección fiscal a una pyme.

Qué puede aportar un modelo de prevención si se investiga a la empresa

Si se investiga a una pyme, un modelo de prevención de delitos bien diseñado e implantado puede servir para acreditar que la empresa había adoptado medidas razonables de control y supervisión. Su efecto jurídico dependerá del caso, del delito investigado, del momento de implantación y de si el sistema funcionaba de manera efectiva.

Por eso suele ser importante conservar evidencias de aplicación real: actas, registros de formación, aprobaciones internas, controles financieros, gestión de incidencias y revisiones del sistema. En este ámbito, la prueba de la cultura de cumplimiento y de los controles internos puede ser tan relevante como el documento base.

Errores frecuentes al implantar compliance penal en pymes

Uno de los errores más habituales es copiar un manual genérico sin conexión con la actividad de la empresa. Otro es pensar que basta con firmar políticas sin formar a quienes toman decisiones o sin revisar procesos sensibles. También falla con frecuencia la falta de trazabilidad: controles que existen en la práctica, pero no se documentan.

En una pyme, el objetivo no debería ser acumular papeles, sino establecer un sistema proporcionado al negocio, entendible por el equipo y revisable con cierta periodicidad. Antes de implantar medidas, suele ser prudente revisar riesgos, documentación societaria, circuitos de aprobación y estructura de control. Así, el compliance penal para pymes deja de ser una formalidad y pasa a ser una herramienta de prevención y buena gestión dentro de los servicios jurídicos para pymes.